Menuts del Món hemos querido ser parte de esta oportunidad histórica. No podíamos quedarnos  al margen en la construcción de una iniciativa legislativa que quiere impulsar la Responsabilidad Social en la Comunidad Valenciana.  Así que hemos participado con nuestras propuestas en el Anteproyecto de Ley de Fomento de la Responsabilidad Social  – açí en valencià – que la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació promueve y abre a consultas a la ciudadanía. Y lo hemos hecho con más de 30 Entidades sociales provenientes de  sectores tan diferentes  como la integración laboral, la cooperación al desarrollo, la economía solidaria y por el bien común o las finanzas éticas.

queremos mejorar nuestras condiciones de vida y eso pasa por un cambio de paradigma productivo y económico que  situé a las personas en primer lugar y  asegure la sostenibilidad del planeta.

APORTACIONES DE LAS ENTIDADES SOCIALES AL PROYECTO DE LEY “FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA”

Las entidades sociales abajo firmantes – pertenecientes a sectores de la intervención social tan diversos como la integración laboral, la cooperación al desarrollo, la economía solidaria y por el bien común o las finanzas éticas -, ante el proyecto de Ley para el fomento de la Responsabilidad Social (RS ) y el proceso abierto a la ciudadanía para su debate, deseamos realizar las siguientes

APORTACIONES

En primer lugar, manifestamos nuestro reconocimiento a esta iniciativa legislativa para el impulso de la RS en nuestra comunidad. Tenemos una oportunidad histórica para no quedarnos en una mera declaración de intenciones, y que la Ley permita incorporar los grandes retos sociales y medioambientales en las agendas clave de todas las organizaciones valencianas, sean públicas, privadas empresariales o sociales y la ciudadanía en general.

En este sentido, reivindicamos un estímulo de la RS más ambicioso que el planteado, que determine mayores compromisos, con dotación financiera suficiente y acciones que faciliten la concreción en el avance de la  RS como un elemento más del necesario cambio de paradigma productivo y económico que asegure la sostenibilidad del planeta.

Proponemos extender el concepto de RS a toda la ciudadanía y las instituciones, incluidas las entidades sociales sin ánimo de lucro. El documento se centra exclusivamente en la RS de las empresas y las Administraciones Públicas. Sin embargo, laresponsabilidad, entendida etimológicamente como “la capacidad de dar respuesta y corresponder al otro”, nos interpela a todas las personas y organizaciones independientemente de su naturaleza.

Es necesario recuperar una economía humanista centrada en las personas, sus necesidades vitales y el entorno en el ámbito empresarial. Creemos que el dinero no es un fin en sí mismo sino un medio para conseguir el cuidado y la sostenibilidad de la vida y el bien común. Diferentes enfoques como la Economía Social, la Economía Solidaria o por el Bien Común ya incluyen entre sus valores estos principios.

Esta ley de RS debe garantizar el trabajo decente en la Comunitat Valenciana. El acceso al empleo es una de las claves para la integración social y la ciudadanía plena, sin embargo, tener un trabajo hoy en día no garantiza cubrir los mínimos vitales. La Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) lo define como trabajo decente, que “sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral.  La inclusión de este concepto en la ley significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.

Solicitamos se contemple una penalización o una limitación de reconocimiento como empresa socialmente responsable a aquellas que mantengan cualquier tipo de presencia en paraísos fiscales bien de un modo directo, a través de participaciones en empresas registradas en ellos, o de otro modo. Igualmente aquellas entidades que tengan intereses en la producción de armas o en su financiación.

Es necesario construir un sistema colaborativo de reconocimiento y reputación social válido. Condicionar el reconocimiento de las organizaciones responsables a aquellas que obtengan una certificación o auditoría externa será una importante barrera a las micro entidades que constituyen el 90 % de nuestro tejido asociativo y empresarial. Apostamos por modelos de validación ciudadana de la RS adaptando, por ejemplo, las experiencias de los Sistemas Participativos de Garantía (SPGs) ya aplicados en unidades de producción agroecológica de nuestro entorno. El desarrollo de procesos que combinen estas metodologías, con la transparencia, la participación de los grupos involucrados de cada organización y el uso de internet permitirá construir este sistema.

La contratación pública es una herramienta clave en la ejecución de políticas de inclusión social y medioambientales. Para ello es necesario abandonar el discurso delimitado por las políticas de austeridad consecuencia del actual sistema económico, y que hemos observado impregna todo el documento. Por ejemplo, entendemos que una compra o contratación pública responsable es aquella que no da al criterio económico (precio) una ponderación determinante, sino relativa frente a los criterios sociales y medioambientales. Seguimos encontrando concursos públicos cuya dotación económica no permite pagar los salarios del convenio colectivo de la actividad principal.

Exigimos fijar las pautas para el establecimiento del porcentaje de reserva de mercado en las Administraciones Públicas y fomentar la creación de empresas de inserción. Consideramos que la reserva de mercado es una potente herramienta para la inserción laboral de las personas más vulnerables sin incrementar ningún coste en el presupuesto público (Ley 31/2015).

Consideramos igualmente importante incluir la promoción del Comercio Justo y las Finanzas Éticas. Prácticas necesarias en la lucha contra la pobreza, el desarrollo sostenible y unas relaciones económicas más justas y transparentes.

Definir y clarificar el papel del voluntariado en la RS de modo que las personas voluntarias no ocupen puestos trabajo remunerados y puedan ejercer la labor de voluntario de manera íntegra. No debemos “hacer un mal uso” de la persona voluntaria y fomentar el voluntariado corporativo.

Además de estas aportaciones disponemos de las propuestas concretas de modificación del articulado de ley que hemos remitido telemáticamente y que están a vuestra disposición.

Finalmente agradecemos esta oportunidad que se nos da de participar de manera directa en la elaboración de un proyecto de Ley que consideramos indispensable.  Esperamos que nuestras aportaciones sean recogidas en el documento final.  Nos mueve el impulso y la fuerza de  todas las entidades sociales abajo firmantes,  que desde la responsabilidad social compartida queremos participar en la construcción de una Comunitat Valenciana socialmente responsable.

Entidades firmantes:

Fundació Nova Feina; Menuts del món, ONGD; Asociación para la Cooperación entre Comunidades, ACOEC; Fundación Patim; Comissió d’Ajuda al Refugiat del País Valencià, CEAR PV; Fundació Novessendes; Asociación Rastro Solidario; Enclau, Red para la financiación alternativa; Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Valencià, REAS País Valencià; Associació Valenciana per la Economia del Bé Comú; Cáritas Diocesana de Valencia;